Un paso necesario para refundar el sistema de inteligencia

Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) celebramos el DNU 214/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, que modifica el inc. 1 del art. 4 de la ley 25520, prohibiendo taxativamente y sin excepciones a los organismos de inteligencia desarrollar tareas de investigación criminal, como así también, realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, o cumplir funciones policiales.

A pesar de que la ley de inteligencia siempre fue clara en relación a lo que no puede hacer la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), este inciso establecía una excepción que fue utilizada como regla general, por la cual la AFI funcionaba en la práctica como una policía auxiliar del Poder Judicial, generando serias distorsiones y afectaciones al Estado de Derecho. Un claro ejemplo de estas malas prácticas es la “causa esquel”, una investigación judicial en curso que involucra a un ex espía de la AFI, dos policías y dos fiscales provinciales por espionaje ilegal contra movimientos sociales y vecinos de Esquel.

Desde que se anunció la intervención de la AFI, la ICCSI solicitó a las nuevas autoridades que se avanzara en esta dirección, entendiendo que un primer paso fundamental para que realmente se cambie el rumbo de la política de inteligencia nacional, era cortar definitivamente los vínculos entre inteligencia y justicia.Confiamos que esta reforma dará bases más firmes a la intervención y permitirá evaluar con mayor precisión los recursos con los que se cuenta y con su futura asignación. El DNU tiene efectos inmediatos, por lo que estaremos atentos a su implementación por parte del Poder Judicial.

Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, una reforma integral del sistema de inteligencia tiene muchas aristas, y esperamos que todas ellas sean abordadas en el corto plazo. En este sentido, las medidas claves que promueve la ICCSI se encuentran sintetizadas en el informe ¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia?

Un proceso de cambio normativo, organizativo y de prácticas requiere voluntad política y consensos sociales para que las transformaciones impacten en la vida política e institucional de nuestro país. Esperamos que este camino se sostenga y profundice, y que el sistema de inteligencia se adecue a los estándares de un estado democrático.

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